La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno balear, que dirige el ecosoberanista de MÉS per Mallorca Miquel Mir, ha preparado en los últimos meses el anteproyecto de un decreto ley de «medidas urgentes de protección del territorio», que entre sus principales iniciativas prevé establecer una moratoria urbanística hasta el 31 de diciembre de 2021 para limitar la construcción de viviendas en suelo rústico en todo el Archipiélago. En Baleares, la regulación urbanística la fijan esencialmente los consells insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como los consistorios de grandes municipios, como ocurre en el caso del Ayuntamiento de Palma. En ese contexto, con su decreto ley el Govern prevé dar ahora un plazo de un año y medio a dichas instituciones para que actualicen sus respectivas normativas urbanísticas para una mejor protección del territorio balear. Durante ese periodo de tiempo de dieciocho meses, la concesión de licencias de construcción en suelo rústico estará extremadamente restringida. Una vez acabada la moratoria ahora prevista, el Gobierno balear tomará decisiones de carácter urbanístico para la protección del territorio en caso de que no las hayan tomado previamente las otras instituciones isleñas. El borrador del citado futuro decreto ley está siendo analizado ahora por las tres formaciones que integran el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, que son el PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, ya que existen algunas discrepancias sobre el contenido de su articulado. En ese sentido, el texto actualmente redactado podría sufrir aún algunas modificaciones antes de que sea aprobado en un próximo Consejo de Gobierno. Dicha aprobación tendría ya lugar en las próximas semanas. Principales propuestas En el preámbulo del anteproyecto del decreto ley se indica que su objetivo es «incrementar la protección del suelo rústico de las Islas Baleares, contener el despliegue urbanístico de ese suelo no adaptado a las limitaciones establecidas en los instrumentos de ordenación territoriales vigentes, introducir medidas de integración paisajística y ambiental relativas a la recuperación y conservación de las fincas rústicas, así como establecer medidas de ahorro de agua». Por una parte, el propósito del Govern es «contener el crecimiento expansivo» de nuevas urbanizaciones y «reforzar la protección» del suelo rústico. En ese sentido, el decreto ley actúa sobre el suelo urbanizable con «la intención de disponer su reclasificación como suelo rústico». Se reclasificarían, por tanto, terrenos que se encuentran «en situación básica de suelo rural porque ni siquiera han iniciado el proceso de transformación urbanística». Por otra parte, se ampliarían «las prohibiciones de edificar viviendas unifamiliares en las zonas de suelo rústico en donde parece claramente justificada la prohibición, como son las Áreas de Prevención de Riesgos». En cualquier caso, el futuro decreto ley «no se aplicará a los suelos urbanizables o aptos para la urbanización así clasificados por instrumentos de planeamiento general» que en el momento de la entrada en vigor de la nueva norma autonómica «estén tramitando su adaptación a las determinaciones relativas al suelo urbanizable por el correspondiente Plan Territorial Insular y a las limitaciones de crecimiento establecidas por las Directrices de Ordenación Territorial». Asimismo, quedarán también al margen del nuevo decreto previsto por el Gobierno regional «las solicitudes de licencia urbanística de edificación en suelo rústico que cuenten con la documentación completa».
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