Mientras miles de afectados por ERTE continúan aún sin cobrar su prestación, el Gobierno enfila la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) el próximo viernes en un consejo de ministros extraordinario. El plazo marcado inicialmente, según avanzó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno,María Jesús Montero, era la reunión habitual del gabinete del Ejecutivo que se celebrará hoy martes. Sin embargo, polémico esprint que ha sufrido la aprobación de la que pretendía ser la medida estrella del Gobierno de coalición para toda la legislatura ha obligado a apurar al máximo los plazos. Aún quedan cabos por atar y, sobre todo, mucho que negociar. Porque el encaje autonómico de la prestación sigue sin estar engrasado. Fuentes autonómicas aseguran a este diario que aún no han recibido ningún borrador de la norma y ven prematura su puesta en marcha, especialmente ante la falta de efectivos para poder proceder a su tramitación. Las mismas fuentes ponen de ejemplo los numerosos vaivenes de las conversaciones y aseguran tras haber solicitado con un margen de solo dos días la recabación de los datos de los actuales beneficiarios de estas ayudas, el Ministerio de Seguridad Social les llamó el viernes para decir que ya no hacía falta que recopilaran estos datos, lo que ha levantado ampollas entre las autonomías que sí que pusieron en marcha el trámite. Desde el inisterio añadían, además, que el IMV se tramitará directamente a través de la Seguridad Social, lo que, auguran desde otra comunidad, puede ser un problema importante por la falta de efectivos en estos departamentos. «Las colas ante el INSS para solicitar el IMV van a ser kilométricas», auguran, y avanzan una situación de colapso similar a la vivida en el SEPE ante la avalancha de ERTE. Fuentes del Ministerio que dirige José Luis Escrivá, aseguran que ha habido conversaciones «fructíferas y coordinadas» con todas las comunidades y califican de «ejemplar» su cooperación en las reuniones. Gestión de los fondos Sin embargo, aún está pendiente cerrar las negociaciones con socios decisivos para su tramitación parlamentaria, como el PNV. Los esfuerzos del Gobierno vasco se centran ahora en reclamar la gestión de esta ayuda, algo que aún está en el aire, una vez conseguido que la RGI vasca sea complementaria a la estatal. También se analizan a fondo todos los detalles para evitar cualquier tipo de invasión competencial y se trata de encontrar el encuadre de la financiación de esta ayuda a través del cupo vasco. Durante la semana pasada, ya se barruntó un acuerdo en este sentido entre el PNV y el Gobierno a cuenta de la prórroga del estado de alarma, aunque finalmente no hubo resultados concretos sobre la mesa. Pero el buen engranaje territorial va más allá de la negociación políticas. De hecho, uno de los principales retos tras la puesta en marcha del IMV, y ante la ante la subsidiariedad de las prestaciones de rentas de inserción de las comunidades, es cómo evitar que los gobierno autonómicos dejen de destinar los 1.500 millones que actualmente invierten en este tipo de prestaciones. Según los cálculos del Ejecutivo, esta prestación llegará a unos 850.000 hogares y se empezará a cobrar en junio, si bien unas 100.000 familias en extrema vulnerabilidad podrán cobrarlo de oficio en inmediatamente. Además, tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros al año y será compatible con otras ayudas y rentas del trabajo.
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