El Real Decreto del ingreso mínimo vital contempla que se hagan convenios con las comunidades autónomas para que lo gestionen a partir de 2021, a excepción del País Vasco y Navarra, que ya lo hacen. Esta ha sido una de las principales quejas en la última videconferencia con Sánchez. El Gobierno está dispuesto a negociar, pero mientras tanto justifica su decisión alegando que las comunidades no han demostrado "ser muy eficaces gestionando rentas mínimas", algo que no ha gustado en algunos territorios.
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