Al ser la administración «más cercana» a los ciudadanos, los ayuntamientos están soportando, en plena crisis sanitaria, un aluvión de dudas y peticiones procedentes de los ciudadanos. Sin embargo, su margen de actuación sigue siendo muy escaso, porque el Gobierno todavía no les permite utilizar los 40.000 millones que tienen entre superávit, tesorería y ejecución presupuestaria. Así lo cree el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Estepona, José María García Urbano, quien considera que con estos fondos se paliaría el impacto que tendrá la pandemia en el empleo. «Cada millón de euros generaría 15 puestos de trabajo», explica, lamentando que por el momento este remanente se encuentre «aparcado en saldos y cuentas bancarias». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró hace ya casi un mes que estudiaba liberar estos fondos de los ayuntamientos. Pero la medida no termina de llegar, aunque según García Urbano sería suficiente «una modificación de una línea en el BOE». «No entendemos esta situación. la propuesta de utilizar esos ahorros ha partido de forma unánime y consensuada por todos los grupos políticos de casi 8.000 ayuntamientos», abunda. Incertidumbre La negativa del Ejecutivo a abordar este asunto es para el alcalde de Estepona una muestra más de la «incertidumbre que están las decisiones políticas», que tendrán «consecuencias horribles en la economía». «Cuando se asegura que los hoteles no abrirán hasta final de año se genera incertidumbre. Cuando se habla de reformar laboral de Rajoy, aplaudida en toda Europa, se genera incertidumbre», explica. Según el vicepresidente de la FEMP, el Gobierno aseguró al comienzo de la crisis que tendría reuniones cada quince días con los ayuntamientos, «pero en la actualidad llevamos más de cinco semanas sin hablar con Sánchez». Un tiempo perdido muy «valioso», destaca el alcalde de Estepona, que advierte de que «los economistas están avisando que dos meses de crisis generan un paro que no se recupera hasta al menos dos años». Esta sensación de «tiempo perdido» también se ha dejado notar en el sector de la construcción, que se ha visto penalizado por la decisión del Ejecutvio de suspender las obras públicas durante casi dos meses. Una vez levantadas las restricciones a la adjudicación, desde la FEMP proponen una «mayor agilidad y flexibilidad» para agilizar obras públicas «necesarias», aunque también valoran el fin de las restricciones: «Más vale tarde que nunca». Impacto en el transporte Una situación similar se vive en el sector turístico y de la hostelería, según García Urbano. El alcalde de Estepona calcula que la semana pasada solo abrieron el 20% de los servicios de hotelería en Estepona debido a las limitaciones impuestas por el Ejecutivo, «que les impide tener rentabilidad». «Tiene que haber mayor apoyo al turismo nacional», reclama. Otro asunto que requiere la atención del Gobierno, según el vicepresidente de la FEMP, es el transporte urbano, que actualmente «pierde más de diez millones de euros cada día». Los autobuses y metros han tenido que seguir circulando durante todo el confinamiento pese a contar con niveles de ocupación prácticamente inexistentes. «Se obliga a mantener el transporte, sin reducir trayectos y movilidad pese a no contar prácticamente con ingresos, porque no se venden billetes. Esta presión la están soportando empresas públicas, que van a tener muy difícil solucionar su situación financiera», destaca García Urbano, que explica que la FEMP ha reclamado a varios ministerios la constitución de un fondo específico que sufrague las pérdidas del transporte urbano. Respecto al fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros destinado a las comunidades, García Urbano asegura que los ayuntamientos «no están en una actitud pedigüeña», aunque sí reclama que «se tenga en cuenta» la situación de los consistorios.
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