La lucha contra la morosidad y la aprobación de un régimen sancionador más duro es desde hace años el caballo de batalla de pymes y autónomos en España, colectivos muy castigados por el retraso en los pagos de la Administración y las empresas, muchas veces el detonante para que los negocios se vean obligados a bajar de forma definitiva la persiana. Ahora avisan de cierres masivos. La letalidad del coronavirus será del 20% entre las pymes hoy existentes. El secretario general de la patronal catalana Pimec y también presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, reclamó ayer ante la Comisión para la reconstrucción social y económica un régimen sancionador de la morosidad, que permita recuperar una inyección de liquidez para las empresas, «sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país». Relató que una de cada cuatro pymes sufre problemas de liquidez, más acusados tras la irrupción del coronavirus. «Obligamos a las empresas a endeudarse a través de créditos ICO, cuando la solución sería eliminar la morosidad», explicó. Cañete cifró en más de 136.000 millones la factura que tienen pendiente de cobrar la pymes en toda España; entre los adeudados por la Administración (14.000) y los de empresas cotizadas (122.000). Propuso acelerar la aprobación de la normativa para penalizar la morosidad entre compañías y dotar así de liquidez al tejido empresarial y evitar cierres masivos ante el impacto económico de la pandemia. Además, planteó diversas medidas que supondrían una inyección de más de 150.000 millones de liquidez al sistema, entre ellas que las administraciones paguen sus facturas pendientes (14.000 millones); que las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de financiación, abonen 122.000 millones pendientes de pago a sus proveedores; que los ayuntamientos liberen los 12.000 millones de remanentes que tienen en cuentas corrientes para salvar autónomos y pymes; que se cambie el criterio liquidación del IVA y solo se ingrese el IVA cobrado; que se devuelva de manera inmediata el IVA a compensar retenido por Hacienda; y que los grandes contratistas paguen a sus proveedores.
