ABC Montero insta a los ayuntamientos a aportar «al gran pacto por la reconstrucción»


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El remanente que los ayuntamientos han acumulado en bancos durante años –ante la prohibición de Hacienda a que lo gasten– y que asciende a unos 28.000 millones de euros será uno de los pilares del pacto de reconstrucción que se acordará en el Congreso de los Diputados. Así lo señaló ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados al instar a que los ayuntamientos asuman competencias ahora en manos del Estado y las comunidades. «No es tan simple decir que cada uno con sus recursos, si los tiene, que los utilice y el que no los tiene que se busque la vida. Creo que tenemos todos suficiente altura de miras para que en el marco de la Comisión de Reconstrucción del Congreso podamos ponernos de acuerdo sobre qué prioridades pueden plantearse para que los ayuntamientos puedan aportar en relación con los retos que tenemos planteados como país. Para que las comunidades autónomas lo puedan hacer y para que el Estado lo pueda hacer», abundó Montero, al ser interpelada por el uso del remanente de los municipios, que piden poder gastarlo en plena crisis del coronavirus. «Yo siempre digo que es un mal llamado superávit, un mal llamado ahorro, porque no ha sido fruto de intentar dar, tener...no, ha sido provocado por la regla de gasto», incidió. Unas declaraciones que han generado malestar en algunos grandes consistorios consultados por este periódico. Ingreso mínimo vital El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, abogó cuando era presidente de la Autoridad Fiscal por que fueran los ayuntamientos los que asumieran un ingreso mínimo como el que ahora va a aprobar. «Hay que hacer un replanteamiento de las competencias que se habían hecho en esos entornos. ¿O vamos a hacer duplicidades? ¿O nos vamos a estorbar? ¿O incluso nos vamos a pisar? Habrá que hablarlo de la mano del ingreso mínimo vital. Y los ayuntamientos tendrán que jugar un papel, igual que lo tendrán que jugar las comunidades autónomas», zanjó Montero.

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