A falta de dos días de que el ingreso mínimo vital se someta a su convalidación en el Congreso de los Diputados, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha acudido a la comisión de Trabajo y Seguridad Social para explicar los detalles de esta medida y ha avanzado que los beneficiarios de las rentas mínimas de las diferentes comunidades cobrarán la prestación de oficio este mismo mes de junio. Estos hogares se sumarían a los 76.000 que ya ha localizado el Ejecutivo como especialmente vulnerables y que engloban a más de 260.000 personas, la mitad de ellas, niños. «Trabajamos con las comunidades para que podamos recibir el bloque todos sus beneficiarios de rentas mínimas ya existentes y comprobando que se dan las condiciones para poder hacer un reconociemiento de oficio», ha dicho Escrivá, quien ha defendido que el ingreso mínimo supondrá multiplicar por cuatro los hogares beneficiarios de los programas de rentas mínimas que actualmente ofrecen algunas comunidades autónomas. Su objetivo es que es que más de un millón de beneficiarios saldrán de la pobreza extrema, otro medio millón más dejarían de estar en situación de pobreza muy alta y otras 125.000 saldrían de pobreza alta y moderada, ha explicado. El resto de hogares no consegurán saltar de escalón pero aumentarán su renta en un mínimo del 10%. Por otro lado, Escrivá ha anunciado que ultima la firma de un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para poder trabajar con los ayuntamientos y que hará que «los gastos presupuestarios en los que incurran para reforzar sus capacidades administrativas con este fin, estarán eximidos de la regla de gasto que les ha constreñido durante estos años». El anuncio de Escrivá se produce unas horas después de que los ayuntamientos del PP hayan exigido que el ministerio de Seguridad Social corran con el gasto en burocracia que les acarreará esta nueva prestación. En concreto, la alcaldesa de Pozuelo y miembro de la junta de Gobierno de la FEMP, Susana Pérez Quislant, ha pedido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha criticado el colapso que van a suponer estos servicios municipales, que según estima van a suponer un coste de unos 200 millones de euros. Desescalada: recuperados el 20% de empleos Más allá de la nueva prestación, el ministro se ha mostrado optimista sobre el impacto que la desescalada está teniendo en el empleo. Según sus datos, casi un cuarto de los trabajadores que estaban acogidos a un ERTE a principios de mayo están ya trabajando, lo que se traduce en que más de medio millón de trabajadores habría ya vuelto a estar activos desde el 6 de mayo hasta el 4 de junio. Según Escrivá, de los 3,38 millones de personas que estaban en ERTE a 29 de abril han vuelto a la actividad laboral hasta el 3 de junio 587.000 trabajadores. Sin embargo, la recuperación no está siendo simétrica. «La desescalada anima el empleo y los municipios que cambian de fase adelantan unos días el crecimiento de la afiliación», ha señalado Escrivá, que ha ofrecido datos sobre los empleos activos en la Seguridad Social por comunidades. Según sus datos, a 2 de junio los afiliados ascienden a 18,59 millones y han crecido el 0,2%. Por tipología de contrato, los datos de Escrivá señalan que, desde el 1 de mayo hasta el 4 de junio, los indefinidos aumentaron en torno a un 0,7%, mientras que los temporales, los que más sufrieron el impacto de la pandemia, lo hicieron en casi un 4%. Además, la recuperación estaría beneficiando más a hombres que a mujeres (con crecimientos respectivos del 1,8% y el 0,3%), al igual que a los trabajadores de mayor edad frente a los jóvenes. En cuanto a los autónomos, el ministro ha dicho que ha sido el colectivo menos afectado gracias a la puesta en marcha de la de prestación especial, que cobra actualmente más del 45% de estos trabajadores.
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