El ministro de Agricultura, Luis Planas, mantuvo ayer la tercera reunión informal con sus homólogos Unión Europea (UE) desde que estalló la pandemia. Planas aseguró tras el encuentro que «hay margen de mejora en determinados aspectos» de la propuesta de la Comisión Europea para la nueva PAC (2021-2027), aunque lo considera «una buena base para negociar». Las discrepancias del ministro se centran, especialmente, en el primer pilar - el de las ayudas directas- donde el tijeretazo de Bruselas es del 9,7% por un 6,3% de Desarrollo Rural. Sobre el papel, España dejaría de recibir un total de 4.095 millones de euros en todo el periodo. El ministro matiza que sobre la mesa hay 26.434 millones a través del nuevo fondo de reconstrucción. Para la portavoz del PP en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, es «una irresponsabilidad dar por bueno que se pierdan 4.000 millones» y no cree que sea un buen punto de partido. «El Gobierno se debe centrar en captar fondos de todos los proyectos comunitarios para la agricultura y la ganadería», ha apuntado la también exconsejera de Agricultura de Castilla y León en referencia a nuevos instrumentos propuestos por la Comisión Europea como Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (15.000 millones). En cualquier caso, Planas se fija como objetivo conservar la dotación presupuestaria de la PAC vigente para España. En paralelo, en este encuentro informal, exigió a la Comisión más recursos para ayudar a los sectores más afectados por el Covid-19 y , muy específicamente, al del aceite de oliva. El titular de Agricultura también defendió en la videoconferencia «una mayor ambición medioambiental» en la PAC, así como las recientes estretegias «De la Granja a la mesa»y la de «Biodiversidad». Sin embargo, exigió que las autoridades comunitarias hagan informes de impacto económico para medir que las metas planteadas sean alcanzables para los productores españoles. Marcos (PP) se ha mostrado a favor de reducir el impacto ambiental de la actividad agrícola y ganadera, aunque ha pedido que «no se le imponga al sector» y pide medios. En este sentido, ha argumentado que corresponde a España la realización de los estudios de impacto ya que «el documento de la Comisión Europea es solo programático y político». En este sentido, Planas ha constatado la necesidad de «recursos presupuestarios suficientes, tiempo y flexibilidad» para que esta transición hacia una agricultura más verde no se convierta en una «traba» para los productores y merme la competitividad.
